Cuando a cualquiera le dicen "abogado constitucionalista", no hay asociación libre que valga: la primera imagen que suele aparecer en la cabeza es la de un señor muy serio, conservador, de traje y corbata, que habla, en general, de manera pomposa.
Pero los prejuicios estallan en mil pedazos cuando, por ejemplo, aparece Roberto Gargarella. Que, además de abogado y profesor de Derecho Constitucional en la UBA, es sociólogo, un empedernido cinéfilo, simpatizante del Frente de Izquierda que lidera Jorge Altamira y alguien que no usa traje ni corbata ni teléfono celular y que confiesa que en su vida influyó más una canción de Bob Dylan cantada por Nina Simone que todos los libros de Derecho Penal que pudo haber estudiado.
Y que causa cimbronazos en el mundo político e intelectual cuando, como acostumbra a hacer en columnas periodísticas o en su blog, opina que la democracia "es un sistema plano, opaco y chato de votación", cuando advierte que "la idea del orden sigue siendo reaccionaria" o cuando, de alguna forma, justifica los piquetes al poner su foco en que "muchas veces las causas de la protesta social tienen que ver con el incumplimiento del Estado de sus propias obligaciones constitucionales".
En este tipo de posturas se le nota su condición de discípulo del filósofo y jurista Carlos Nino, para quien los derechos individuales también incluían la existencia de los derechos socioeconómicos, y lo mismo queda en evidencia en su crítica al híperpresidencialismo, una de las tantas facetas del modelo político argentino a partir de la cual este abogado aprovecha para convertirse en un severísimo cuestionador del kirchnerismo por considerar, como afirma a Enfoques, que "la visión dominante en el Gobierno es muy poco igualitaria, muy marcada por principios excluyentes antes que integradores, muy elitista en el modo en que se la concibe".
De 47 años, soltero, un origen humilde, un hermano de la misma profesión que él y una hermana guionista de cine, Gargarella es investigador del Conicet, dirige una revista jurídica en la Universidad Di Tella, fue profesor de las universidades de Columbia, Harvard, Nueva York, Berge y Pompeu Fabra y escribió una veintena de libros, incluido su último proyecto, La Constitución en 2020. 48 propuestas para una sociedad igualitaria , que acaba de editar Siglo Veintiuno.
Allí escribe un capítulo y coordina los trabajos de varios especialistas sobre qué debería incluir la Carta Magna si se modificara. Tiene mucho que ver con su idea de que las reformas constitucionales estuvieron "muy motivadas por el cortísimo plazo" y de que si hubiera que volver a pensar en el tema habría que hacerlo "a partir de qué drama nos angustia: el drama de la igualdad".
En estos últimos meses, Gargarella se hizo conocido por haber aparecido en debates televisivos con integrantes de Carta Abierta, a quienes se les complica refutar argumentos que no provienen de un exponente de la "derecha destituyente", sino de un independiente de izquierda que advierte: "La intelectualidad progresista tiene que ser crítica del poder. Muchos de mis colegas han pasado a ser justificadores del poder, en lugar de ayudar a pensar sobre los problemas que generan los modos en que se ejerce el poder. Han pasado a ser servidores del poder."
-¿Cuál fue el origen de su nuevo libro ?
La idea es pensar la Constitución al mediano plazo, lograr una reflexión que es crucial del típico acercamiento de cortísimo plazo que ha ido caracterizando a los distintos proyectos de reforma, también constitucionales, en la Argentina y en América latina. La condición necesaria de una buena Constitución es la de plantearse un drama colectivo a resolver. La Constitución originaria de los Estados Unidos se planteó el drama de las facciones. La Constitución alberdiana , el tema del desierto y la necesidad de poblar. Y las bolivarianas, la idea de fortalecer el poder para hacer posible la independencia. Eran todas Constituciones planteadas a partir de una tragedia, un drama, una necesidad imperiosa. Pero empezamos a acostumbrarnos a Constituciones muy motivadas por el cortísimo plazo. En los años 80 hubo un intento de hacer una reflexión interesante: reconocer que había una historia de cincuenta años de golpes de Estado y que la Constitución algo tenía que ver con eso. Muchos constitucionalistas, como Carlos Nino, identificaron que el hiperpresidencialismo era funcional a los golpes de Estado. Como esta figura concentra todo el poder, si hay un problema con ellas se piensa que había que tirarlas abajo. Entonces, se identificó una tragedia, un drama, el del hiperpresidencialismo, y las Constituciones al final terminaban sirviendo, otra vez, al corto plazo, a la reelección. Hoy, hay que hacerse la pregunta sobre una reforma, pero a partir de qué drama nos angustia. Hay uno, claramente: el drama de la igualdad. Y algo puede hacer la Constitución sobre eso.
-La última reforma constitucional confirma que el problema es que muchas veces no se cumple con su contenido. Los derechos sociales y de participación que se incorporaron en 1994 parecen, a veces, letra muerta.
-Acá hay dos puntos interesantes. Es cierto que hay enormes problemas de cumplimiento, pero también, que pasan un montón de cosas a partir de la Constitución. Uno podría decir que el Derecho no se cumple. Después entramos en la letra chica y vemos que pasan cosas, que se litigan casos por vivienda, por salud, por vacunas contra el sida. Entonces, la Constitución es relevante. En todo caso, hay partes que no se cumplen, pero siguen siendo aspiraciones importantes. Muchas veces uno instala en la Constitución cláusulas que van a quedar durmiendo: las llamo cláusulas dormidas. Pasó eso con los derechos sociales: se instalaron en toda América latina, durmieron durante 50 años y a lo mejor fue una apuesta sensata porque algún día las condiciones sociales y políticas van a cambiar y ya tenemos eso escrito. Los países que no lo tenían escrito, como Chile o Estados Unidos, tienen muchas más dificultades para llevar adelante políticas sociales, sobre todo cuando son impulsadas judicialmente, porque no tienen el apoyo textual. Y toda la parte de los derechos sociales y de participación se activó muchísimo en estas nuevas constituciones. Pero el error crucial de la izquierda en los debates constituyentes fue que se concentró en la antesala de la Constitución, que es la que tiene que ver con todos los derechos, y dejó al poder de turno el control de la sala de máquinas de la Constitución, que es cómo se organiza el poder.
-¿Y eso qué implicó?
-Que apenas se quisieron activar las cuestiones sociales empezaron a ser atacadas por el Poder Ejecutivo. En Ecuador, cada vez que existió una iniciativa destinada a activar esa parte social de la Constitución, como darles lugar a los indígenas o permitirles a las comunidades opinar sobre recursos naturales, hubo un veto presidencial.
-En la Argentina pasa lo mismo, sumado a los decretos de necesidad y urgencia.
-Claro. No es muy distinto porque seguimos parados sobre una matriz institucional liberal- conservadora como la del 53. Entonces, ¿se incorporaron cláusulas que valían la pena? Sí. ¿Tiene sentido tener los derechos humanos a nivel constitucional? Sí. Pero si no se toca la sala de máquinas de la Constitución, entonces se está jugando un juego que se sabe que se va a perder.
-¿La izquierda ahora lo tiene en claro?
-En el progresismo empezó a predominar una visión complaciente respecto de la concentración de poder. La ven como funcional a su proyecto, aunque siempre ha estado en contra de un proyecto de avanzada, de ampliación de la ciudadanía. Hay complacencia y convivencia con poderes concentrados porque se cree que pueden estar al servicio de las buenas causas. Pero el mal efectivo de hoy en América latina es no reconocer que si uno defiende la democracia, la igualdad política, lo primero que tiene que hacer es estar en contra de la concentración de la autoridad.
-Lo vi debatir por TV con María Pía López, de Carta Abierta. ¿Le resulta cómodo el papel de intelectual opositor?
-Hay cantidad de gente amiga, y que uno respeta, en Carta Abierta. También están muchos de quienes fueron mis profesores. Pero tengo un punto insistente: la intelectualidad, sobre todo la progresista, tiene que ser crítica del poder. De todo poder. No se puede ser crítico con el poder económico pero no con el político, o crítico con el poder político pero no con el económico. Muchos de mis colegas han pasado a ser justificadores del poder, en lugar de ayudar a pensar sobre los problemas que generan los modos en que se ejerce el poder. Han pasado a ser servidores del poder.
-Muchos intelectuales de prestigio terminan aplaudiendo una concepción muy verticalista y disciplinada de la política.
-Totalmente. Además, esto se vincula con la democracia política. Porque asumimos que alguien no va a tener autoridad sobre nosotros por su apellido ni por la familia de la que viene, y entonces tenemos que estar situados en un pie de igualdad discutiendo. Eso es contradictorio con la idea de que hay alguien arriba que nos manda. Una cosa es delegar la autoridad para ordenar la vida, pero, ¿cómo uno no va a asumir una opinión crítica frente a esta idea verticalista en donde el poder está arriba y uno tiene que justificar lo que hace? ¿Cómo no asumir una posición crítica cuando la visión dominante en el Gobierno es muy poco igualitaria, muy marcada por principios excluyentes antes que integradores, muy elitista en el modo que se la concibe?
-Usted también ha cuestionado uno de los mitos del modelo K, que es el que sostiene que este gobierno no reprime la protesta.
-Es empíricamente falso porque tenemos más muertos que en la mayoría de los gobiernos anteriores. Pero además, y esto es mucho más serio, se preservan intactas las estructuras que afirman la desigualdad, la injusticia. El Gobierno aparece permanentemente pactando con ciertos sectores del empresariado para transferir fondos a entes no públicos, sin los controles que podrían tener las instituciones estatales y, al mismo tiempo, sobreexplotando a los trabajadores. El caso de la Unión Ferroviaria es exactamente eso: es el Gobierno el que sobreexplota a los tercerizados. Hacer eso y, al mismo tiempo, hablar de justicia social o de no represión es mantener un doble discurso ofensivo.
-¿También cuestiona la política de seguridad del kirchnerismo, a la que los sectores duros critican por garantista?
-Néstor Kirchner tuvo una política consistente en materia penal: siempre criticó al garantismo y siempre criticó también a los criminales que entraban por una puerta y salían por la otra. Siempre guiñó con un ojo una postura progresista y con el otro a la postura de mano dura. El caso Blumberg ayudó a convertir al Código Penal en Frankenstein, y eso es obra del gobierno de Kirchner. Quien quiera asociar al kirchnerismo con el garantismo tiene un problema muy serio.
-Cuando usted habla de la protesta social parece que justificara todos los piquetes.
-Concibo la democracia, fundamentalmente, como una discusión entre iguales y existe un problema si hay voces que están ausentes sistemáticamente y también si no hay discusiones permanentes sobre los temas públicos que nos importan. Y en la Argentina tenemos déficit en todos estos sentidos. Eso explica que muchos jueces interpreten que cualquier protesta es, en principio, una ofensa a la democracia y un acto sedicioso. Es una visión tremendamente estrecha de la democracia. Cuando uno concibe la democracia como la discusión entre iguales, se celebra el hecho de que haya gente que se queja y de que podamos escucharla porque los canales institucionales no les sirven para hacerse escuchar. Esto no implica dar un cheque en blanco a protestas de cualquier tipo, pero sí que el primer impulso debe ser protectivo, sobre todo en una sociedad cada vez más desigual.
-El Gobierno tiene un impulso protectivo al permitir cualquier tipo de protestas.
-Frente a la brutalidad punitivista, reivindico lo que se llamaría el liberalismo de las garantías. Ahora, también hay una cierta torpeza en el liberalismo garantista porque muchos de los problemas en los que aquí estamos pensando requieren de un activismo y un compromiso público muy fuerte, no meramente el "no hacer". La versión torpe del liberalismo garantista es: no hacemos nada. Si alguien le rompió la cabeza al otro en una marcha, ¿no hacemos nada porque es una protesta social? No, el liberalismo garantista es preocupación por las garantías de todos. Estoy con una idea de un Estado activo, comprometido, lo que implica tomar medidas y también hacer reproches. Pero se puede reprochar sin castigar o castigar sin pensar que el castigo es cárcel.
-Usted fue muy duro en sus críticas a los jueces por considerar que actúan con "clasismo, prejuicios e ignorancia". ¿No es mucho?
-Eso es un enunciado. Hay muchos jueces honorables, interesantes, que trabajan bien, pero hay un perfil general que nos dice que cuando se trata de casos que involucran a gente más poderosa, la Justicia tiene muchos problemas para actuar con imparcialidad. El reciente caso de la sentencia absolutoria a Carlos Menem muestra un grave fracaso del Derecho. Para quienes pensamos el Derecho desde un punto de vista igualitario es un golpe muy duro: demuestra que años de trabajo, de argumentación, de búsqueda de pruebas, de investigación, se disuelven en un instante si aparece el llamado telefónico o la movida política apropiada. Que fue claramente lo que ocurrió acá. Y no es que el aparato coercitivo no funcione: las cárceles están llenas, se construyen más y el conflicto incluso es por la sobrepoblación. El problema es que el poder coercitivo actúa de un modo selectivo y las mejores cabezas del Derecho suelen estar al servicio de los poderosos.
-No es una crítica que se escuche habitualmente entre sus colegas. ¿Usted es un exagerado o existe una visión más complaciente del mundo del Derecho por parte de quienes integran ese ambiente?
-Soy alguien del Derecho que se dedica tiempo completo a la investigación, pero la ausencia de investigarlo full time ha ayudado a contribuir a una práctica muy complaciente con las decisiones judiciales y con las del poder. Como los que enseñan Derecho litigan, tienen que ser amigos del poder y de la Justicia. La falta de independencia académica genera una práctica de cierto servilismo y eso ha hecho que tengamos una doctrina mucho más pobre de lo que podría ser.
-¿Y qué pasa en las universidades?
-Se convierten en reproductoras de lo que existe. Lo que se escribe sobre Derecho es muy malo, muchos profesores lo consideran aburridísimo, dogmático. Y los jueces escriben de modo rarísimo, oscuro, con vocación de que no se entienda nada de lo que dice. Sin embargo, las facultades siguen llenas de gente con mucha vocación transformadora, de gente con real voracidad por escuchar algo distinto. Hay un mecanismo somnífero dentro del Derecho, y lo triste es cuando las facultades sirven para adormecer.
MANO A MANO
Fue una charla apasionante la que tuvimos con Roberto Gargarella, pero no sé si una sociedad como la nuestra está mayoritariamente preparada para escuchar y aceptar el pensamiento de alguien como él. No sé si yo mismo estoy preparado para aceptarlo, aunque lo escuché y todavía sigo pensando algunas de las cosas que más polémica interna me generan. En particular cuando habla de pensar la protesta social como algo para celebrar e incluso proteger porque el problema de origen es la injusticia que genera esa protesta. Nadie podría discutirlo en términos conceptuales, pero sí en el plano real de las verdaderas motivaciones de los Hugo Moyano o los Luis D'Elía. Aun así, Gargarella no parece un investigador de laboratorio, alejado de la vida cotidiana. Lo que dice va en sentido contrario a la simplificación cotidiana de algunos de los dilemas que nos afectan, que nos trastornan. Este tipo de intelectuales suele atrincherarse en el mundo de las ideas, pero a este abogado-sociólogo lo apasionan el debate y la argumentación, a veces con ciertos visos de provocación. No está nada mal para un momento del país en el que unos y otros se acusan de tener un discurso único y dominante
